Un hombre fue condenado el jueves a cadena perpetua tras ser declarado culpable de matar a dos trabajadoras en un hospital de Dallas, Texas, donde su novia acababa de dar a luz a su bebé.
Néstor Hernández, de 31 años, fue hallado culpable de homicidio capital por los asesinatos de Jacqueline Pokuaa, trabajadora social, y Annette Flowers, enfermera, de Hospital Metodista de Dallas, en octubre de 2022. Las dos trabajadores murieron tras ser baleadas por Hernández mientras intentaban a proteger a su novia.
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Tras unas horas de deliberaciones, el jurado condenó a Hernández a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Varios investigadores del caso testificaron el miércoles y mostraron pruebas sobre el arma y las balas, así como análisis toxicológicos que demostraron que Hernández tenía varias drogas en su sistema cuando cometió los asesinatos.
Hernández testificó durante el juicio y habló de su pasado delictivo y de su relación con Selena Villatoro, su exnovia.
Durante su testimonio, afirmó que era su relación era muy difícil y que quería participar en el nacimiento de su hijo, pero que Villatoro no le dejaba y que estaba seguro de que lo estaba engañando con otra persona.
Villatoro también testificó y dijo que fue golpeada con el arma e incluso mostró fotografías de esas heridas. También declaró que Hernández la amenazó con matarla a ella y a cualquiera que entrara en la habitación.
En el momento del tiroteo, Hernández estaba en libertad condicional por dos condenas por delitos graves de robo con agravantes en Dallas en 2011 y 2015, pero se le había concedido permiso para estar en el hospital para el parto de su hijo.
Fue confrontado y tiroteado por un agente de policía del hospital después de haber asesinado a Pokuaa y Flowers.
Según la policía, Hernández ya había violado anteriormente su libertad condicional, incluso se había quitado el monitor del tobillo unos meses antes del tiroteo.
El caso provocó un cambio en la legislación de Texas. A principios de este año, se propuso y aprobó el proyecto de ley 1004 del Senado tras el tiroteo, y el gobernador Abbott lo convirtió en ley este verano.
La ley establece que las personas en libertad condicional se enfrentarán a un delito grave si retiran o desactivan a sabiendas su monitor de tobillo. Anteriormente, la manipulación de un monitor de tobillo era solo una infracción administrativa y no un delito.
