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Dos de los desafíos legales presentados contra el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden han llegado a la Corte Suprema y se escucharán el 28 de febrero.

La medida tiene por objeto mantener un control sobre la inflación, pero la consecuencia es un aumento de los costos de endeudamiento.

A cientos de miles de estudiantes que asistieron a la cadena Corinthian Colleges con fines de lucro se les cancelarán automáticamente sus préstamos estudiantiles federales, dice la administración de Biden, con el objetivo de cerrar uno de los casos de fraude más notorios en la educación superior estadounidense. La medida borrará $5,800 millones en deuda de más de 560,000...

Sería una victoria para los líderes demócratas y progresistas que han presionado durante mucho tiempo a Biden para que cumpla una promesa de campaña de 2020 de que, como presidente, cancelaría “inmediatamente” hasta $10,000 en deuda por estudiante.

Impacta desde las hipotecas hasta los préstamos para la compra de autos.

Según la medida, los pagos de préstamos federales para estudiantes permanecerán en pausa hasta el 1 de mayo. Las tasas de interés permanecerán en 0% durante ese período y se suspenderán los esfuerzos de cobranza de deudas. Esas medidas han estado vigentes desde principios de la pandemia, pero debían expirar el 31 de enero del 2022.

La política se aplica a más de 36 millones de estadounidenses que tienen préstamos estudiantiles del gobierno federal.

Unos 45 millones de estadounidenses deben colectivamente $1.7 billones en préstamos estudiantiles. Mientras algunos legisladores están considerando perdonar tales deudas, existe mucha controversia alrededor de las implicaciones legales que esto tendría. Te explicamos los distintos ángulos de este complejo tema.

La decisión borrará más de $5,800 millones en deuda, de acuerdo con el Departamento de Educación, y marca el inicio de una reforma amplia de un programa que ha sido criticado por tener reglas excesivas.

Las reglas actuales requerían que los deudores presentaran documentación que certifique su discapacidad y se sometan a un período de tres años de pruebas para demostrar que tienen bajos ingresos. Ahora se quiere flexibilizar el programa.