Los abogados de un inmigrante salvadoreño acusado de cuatro homicidios en el norte de Nevada quieren posponer su juicio para determinar si tiene una discapacidad intelectual que lo hace inelegible para la pena de muerte de ser declarado culpable.
Los defensores públicos de Wilber Ernesto Martínez Guzmán, de 20 años, presentaron una moción para continuar el juicio, que está programado para comenzar el 6 de abril de 2020, hasta febrero del año 2021.
Dicen que su reciente viaje a El Salvador para entrevistar a miembros de su familia y revisar sus archivos médicos resultó en "indicaciones tentadoras" que constitucionalmente lo prohíben del enjuiciamiento capital.
Agregan que la información reunida hasta ahora muestra que su coeficiente intelectual es mucho más bajo de lo que se creía originalmente y que pudo haber estado expuesto a pesticidas y fertilizantes mientras trabajaba en campos agrícolas en su país natal.
“Según la investigación realizada hasta la fecha, existe una base de buena fe para creer que el sr. Guzmán no es elegible para la pena de muerte porque puede estar discapacitado intelectualmente. No podría haber mayor insulto a la justicia pública que ejecutar a alguien que, por ley, no es elegible para la pena capital”, escribió el Defensor Público del Condado Washoe, John Arrascada, en la moción del 4 de octubre.
Los fiscales dicen que los abogados de Martínez Guzmán no han proporcionado suficientes detalles para justificar un retraso tan prolongado en el enjuiciamiento del caso derivado de asesinatos durante una semana en el mes de enero.
Los funcionarios federales han dicho que está en los Estados Unidos ilegalmente, pero no saben cómo o cuándo cruzó la frontera con México. El caso ha llamado la atención del presidente Donald Trump, quien dice que muestra la necesidad de un muro fronterizo.
Martínez Guzmán fue acusado el 13 de marzo de cuatro cargos de asesinato por las muertes de una pareja de Reno dentro de su casa, días después de que supuestamente disparó a dos mujeres en sus residencias en el Condado Douglas, cerca de Gardnerville. Los fiscales rápidamente declararon que buscarían la pena de muerte.
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Un detective testificó ante el gran jurado que Martínez Guzmán le dijo durante un interrogatorio que robó y mató a sus víctimas mayores porque necesitaba dinero para comprar metanfetamina.
Su abogado dijo que incluso con la ayuda y el apoyo del consulado de El Salvador, los registros médicos y escolares han resultado difíciles de obtener. Dijeron que el neuropsicólogo de habla hispana y el especialista en mitigación que contrataron estiman que, si todo va bien, podría proporcionar un informe para el próximo mes de mayo y testificar el próximo verano.
Rechazar una continuación "negaría al experto la información y las pruebas necesarias para preparar y completar su informe", dijeron. "Si la fecha del juicio permanece, testificaría prácticamente sin preparación ni base porque las pruebas y las entrevistas serían incompletas".
Los fiscales de distrito Chris Hicks, del Condado Washoe, y Mark Jackson, del Condado Douglas, dijeron que la moción de Guzmán se basa en generalidades asociadas con la defensa de los casos capitales y los acusados salvadoreños.
"La moción no contiene ninguna información específica que demuestre que una continuación es justificada o razonable en este caso", dijeron, y agregaron que habrían transcurrido aproximadamente dos años desde su acusación si el juicio no comienza hasta febrero de 2021.
"Guzmán no solicita una continuación de un día, semana o mes", escribieron. “Está solicitando una fecha de juicio de dieciséis a diecisiete meses a partir de ahora para acomodar el horario de un testigo no identificado".
