Centroamérica

Nicaragua: Paro nacional convocado por la oposición

La protesta fue convocada en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

MANAGUA — Las calles y avenidas de las principales ciudades de Nicaragua lucían parcialmente vacías el jueves, aunque con relativo movimiento comercial en Managua, en el inicio de una huelga de 24 horas convocada por la oposición en reclamo de que el gobierno de Daniel Ortega libere a cientos de manifestantes presos.

Pequeños negocios, algunos supermercados, colegios de secundaria y universidades privadas de Managua cerraron sus puertas en apoyo al paro promovido por las coaliciones opositoras Alianza Cívica (AC) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la empresa privada, organizaciones universitarias y el Comité de Familiares de Presos Políticos.

Se observaba muy poco tráfico de vehículos privados sobre la carretera a Masaya y la carretera panamericana, que comunica a Nicaragua con el resto de Centroamérica. Las cooperativas de autobuses y taxis operaban con cierta normalidad en la capital aunque con escasa demanda.

“Paramos y vaciamos las calles no por resignación sino por indignación. Paramos por la libertad de los inocentes en las cárceles. Paramos para no consumir y no aportar a nuestra propia represión”, declaró Haydeé Castillo, activista de derechos humanos y dirigente de la UNAB.

El gobierno emitió un comunicado en el que ofreció liberar a todos los presos políticos a más tardar el 18 de junio, seguir promoviendo una reforma electoral “para las elecciones de 2021” y fomentar la reconciliación y el retorno voluntario de los exiliados.

Las farmacias y las gasolineras abrieron sus puertas, pero con pocos clientes. “Si yo no trabajo no como, a mí la política no me mantiene”, dijo a The Associated Press Evelia Herrera, dueña de una pequeña tienda de abarrotes en una zona residencial de las afueras de Managua.

También lucían casi desiertos los habitualmente concurridos mercados Mayoreo y Oriental, en el sector norte de la capital. En la ciudad de León, en el occidente, comerciantes de los cuatro mercados municipales se sumaron al paro pese a que la alcaldía había amenazado con retirarles sus permisos de venta, informaron medios locales.

Tanto en León como en las ciudades de Chinandega, Camoapa, Masaya y Diriamba las radioemisoras locales reportaron un ambiente desolado y poco movimiento comercial.

Las escuelas y universidades públicas del país laboraron con normalidad tras recibir advertencias del gobierno. La dirigente estudiantil Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica, denunció que los rectores de las universidades públicas y algunas privadas “amenazaron con sancionar a los alumnos que no asistieran”.

No obstante, los principales centros educativos privados suspendieron las clases, incluido el Colegio Alemán Nicaragüense ubicado en Managua y donde estudian varios nietos del presidente Ortega.

La dirección del colegio informó que no trabajaría el jueves “por razones de seguridad para nuestra comunidad educativa”. Hace semanas el centro fue el foco de una polémica cuando los nietos de Ortega realizaron manifestaciones políticas a favor del gobierno.

El miércoles el gobierno advirtió que aplicaría sanciones a los bancos privados que apoyaran el paro nacional. La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, que puede imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral según una resolución vigente desde 2006.

De acuerdo con estimaciones del sector privado el paro nacional podría dejar pérdidas económicas de hasta 20 millones de dólares por día.

Mientras tanto, el portal oficial El 19 Digital divulgó los resultados de una encuesta de la consultora local SISMO LIX según la cual 57,7% de la población aprueba el desempeño del presidente Ortega. El sondeo, realizado del 5 al 16 de mayo, indicó que 96,9% de la población quiere un país en paz y 97,6% desea estabilidad social y económica. Asimismo, un 96,7% desea seguridad ciudadana, agregó el informe de la encuestadora vinculada al gobierno.

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