En una incómoda conferencia matutina, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió reforzar la protección a los periodistas y a los defensores de derechos humanos el día en que se conoce el asesinato del séptimo comunicador desde que el presidente asumió el 1 de diciembre.
"A quienes nos hemos enfrentado desafortunadamente en los últimos meses en situaciones de riesgo, hemos detectado que el mecanismo no sirve", apuntó un periodista en el turno de preguntas de la "mañanera".
Otra reportera, le espetó al presidente: "La presentación del plan de protección a periodistas suena un poco a resignación del Gobierno actual".
En una larga respuesta, López Obrador aseguró: "Vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte por protegerlos y evitar que sean agredidos, es nuestra responsabilidad como representantes del Estado".
Además, garantizó que no habrá "impunidad" en los servidores públicos que cometan ilegalidades o actos de violencia.
Minutos antes, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció fallas en este mecanismo, implementado en julio del 2012 para dar cumplimiento a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
"No vamos a desaparecer un mecanismo de esta naturaleza en tanto exista situación de riesgo en el ejercicio de estas actividad. Pero sí requiere un rediseño" e incluso cambios en las atribuciones del Estado mexicano, indicó.
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El lunes se dio a conocer la muerte de un nuevo periodista en México, el reportero deportivo Omar Iván Camacho en Sinaloa.
Según medios locales, el cuerpo apareció debajo de un puente y con señas de violencia.
Con él, al menos siete periodistas han sido asesinados durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, uno de estos crímenes fue por motivos pasionales, según las autoridades.
Además, cifras oficiales reflejan que nueve defensores de derechos humanos han perdido la vida desde enero, siendo el caso más sonado el de Samir Flores, opositor a una termoeléctrica defendida por López Obrador.
Encinas detalló el lunes que las medidas de protección que se otorgan se deciden en una Junta de Gobierno conformada por 9 miembros permanentes, cinco invitados permanentes -entre estos la ONU-DH- y un consejo consultivo en el que hay cuatro periodistas y cuatro defensores de derechos humanos.
También medidas vinculadas a cuestiones tecnológicas y físicas, desde entrega de botones de asistencia y geolocalización a la instalación de cámaras en casa o puestos de trabajos.
Y finalmente, hay otro tipo de medidas, de carácter preventivo, como la creación de conciencia pública.
"En estos momentos tenemos 790 personas bajo el mecanismo de protección, son 498 defensores de derechos humanos y 292 periodistas", indicó el subsecretario.
El 67% de ellos se localizan en diez estados, siendo la Ciudad de México (16.8%), Veracruz (9.6%) y Guerrero (8.8%) las tres regiones donde más personas reciben protección.
En la Ciudad de México, explicó Encinas, se dan más casos porque se convierte en muchas ocasiones en lugar de refugio de periodistas amenazados.
Encinas reconoció que el mecanismo tiene "medidas reactivas" y no se atiende "la parte preventiva".
"Estamos analizando distintos instrumentos que nos permitan identificar situaciones de riesgo" para atender a las personas aunque no forman parte del mecanismo, apuntó.
Otro problema, reconoció, es que hay una empresa privada encargada de aplicar el mecanismo y "reporta deficiencias" en la operación, tanto en equipo tecnológico como personal.
Además, hay un presupuesto insuficiente, y por ello el nuevo Gobierno amplió en 75 millones de pesos (unos $3.9 millones) los recursos.
Indicó que este 2019 se incrementó el presupuesto hasta los 207 millones de pesos (unos $10.8 millones), a raíz de un incremento de más del 20% de solicitudes para entrar en el mecanismo.
