El Gobierno mexicano afirmó el jueves que abrió una investigación por la ola de desapariciones forzadas en el estado de Tamaulipas denunciada por la ONU, y defendió su actuación porque no se puede atender la inseguridad "al margen de la ley".
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señalaron que han pedido una reunión con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos "para conocer con exactitud" las denuncias.
Aseguraron que han tomado conocimiento de lo publicado por varios medios de prensa que señalan que este informe habría sido elaborado por la oficina en México del Alto Comisionado.
Toda información que tiene que ver con México, "sea oficial o no" emitida por organismos internacionales es valorada con "absoluta seriedad y respeto" y se toman medidas inmediatas, señala el comunicado.
De acuerdo con las denuncias, desde febrero y hasta el 16 de mayo habrían ocurrido 23 desapariciones de personas a manos de "una fuerza de seguridad federal" no específicada.
El Gobierno mexicano confirmó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid bin Ra'ad Al Hussein, hizo un llamado para implementar medidas urgentes al respecto en Nuevo Laredo.
Ante ello, la Procuraduría General de la República ha iniciado una carpeta de investigación sobre posibles delitos de privación ilegal de la libertad y sostuvo que la respuesta de la autoridad a la inseguridad pública no puede hacerse al margen de la ley.
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El gobierno mexicano confirmó que el Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera, viajará a Nuevo Laredo para entrevistarse con personas y familiares para recabar elementos que permiten confirmar la veracidad de la información.
