Escándalo en México por venta de bebés

En 20,000 dólares, vendían bebés en Sonora

Dos funcionarios del gobierno del estado de Sonora, que paradójicamente trabajaban en la Procuraduría de Defensa del Menor, fueron implicados en una red de tráfico de bebés.

De acuerdo con las denuncias, los implicados tenían un modo de operación bien "aceitado": les quitaban los bebés recién nacidos a madres en situación de vulnerabilidad y se los vendían a parejas que estaban dispuestas a pagar los tenerlos.

Trascendió que las parejas llegaban a pagar hasta unos $8,000 por bebé. De acuerdo con las denuncias, habría unas 16 parejas implicadas en la operación.

El subdirector de la dependencia, Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, y el abogado José Manuel Hernández López, quienes son señalados por la justicia de Sonora como probables responsables del ilícito, no han sido detenidos.

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La venta de al menos nueve bebés ha impactado en la ciudadanía mientras que las autoridades estatales, han admitido que la resolución no será sencilla dado que los niños serán devueltos a sus madres biológicas, pese a que en algunos casos ya tienen cuatro años con sus nuevas familias.

Hasta el momento nueve de 16 señalados como responsables ya fueron detenidos; entre ellos están algunos de los padres que compraron a los bebés y que ahora enfrentarán penas que van de seis meses a seis años de prisión. Al momento, han sido recuperados tres bebés.

El procurador Carlos Navarro Sugich dijo que el delito de ocultación y sustitución de infante se sanciona con la cárcel, independientemente que se haya comprobado que estas personas quieren a los niños, los han cuidado y les han procurado un muy buen trato.

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"Desafortunadamente, cometieron un error en principio frente al que no estamos dispuestos a cerrar los ojos. Es muy doloroso tener que deshacer el vínculo", dijo Navarro Sugich.

La investigación de este caso inició el 18 de marzo a raíz de una denuncia anónima. Arzate Carbajal ya había declarado en mayo en torno a los hechos, pero quedó libre. Ahora, cuando sea detenido, deberá enfrentar un proceso judicial que tiene una pena de entre 15 a 40 años de prisión.

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