El Departamento de Justicia anunció este año que presionará a jueces de inmigración para que procesen un mínimo de 700 casos al año.
Y aunque el Gobierno afirma que este sistema agilizará los casos de inmigración que siguen pendientes, otros creen que esta directriz acelerará el número de deportaciones.
“Un juez de inmigración que tiene una cuota va a pensar: ‘Tengo que resolver este caso hoy, no quiero oír más evidencia’. Y va a hacerlo a la prisa. Y eso va a disminuir la calidad de todos los procesos de deportación”, dijo Luis Paoli, abogado de inmigración.
La orden del Gobierno además establece evaluaciones anuales a los jueces migratorios para saber si están cumpliendo la cuota.
Los jueces que no cumplan con las directrices serán penalizados, pero el Gobierno insiste en que este sistema ayudará a agilizar los más de 600,000 casos de inmigración que siguen pendientes.
Algunos dicen estar a favor de la decisión, siempre y cuando el Gobierno tenga como fin reformar otras partes del sistema.
“Es algo interesante. Yo creo que es algo que se debe explorar. Pero la materia más importante aquí, en este caso, es que el sistema de inmigración necesita estar reformado”, dijo el analista conservador Genaro Pedroarias.
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La orden del Gobierno entrará en efecto el próximo año fiscal, que comienza el primero de octubre.
