SAN ANTONIO - Una agencia de Texas inspeccionará dos de los centros de detención para familias migrantes más grandes de Estados Unidos para determinar si les concede licencias para el cuidado y alojamiento de menores, dentro de un esfuerzo por mantener las instalaciones en marcha pese a una batalla legal.
Una juez determinó en agosto que los niños migrantes no podían seguir retenidos en los centros, que no tienen licencias para alojar o atender a menores. El estado, que antes había considerado los centros federales como fuera de su autoridad, creó entonces una nueva categoría de licencias que los amparase.
Si se rechazan esos permisos, el gobierno federal podría sobrepasar la fecha límite del 23 de agosto dictada por la juez del distrito Dolly Gee para que aplique su decisión, y por tanto afrontar nuevas preguntas sobre el futuro de la detención familiar.
Los centros del sur de Texas abrieron el año pasado en respuesta a la llegada de decenas de miles de madres y niños desde Centroamérica. La política de detener niños ha recibido desde el principio críticas de defensores de los migrantes. Los activistas citan informes sobre atención sanitaria inadecuada y otros problemas como motivos por los que el Departamento de Familia y Servicios de Protección de Texas no debería otorgar licencias de cuidado de menores a estas instalaciones.
Es probable que las inspecciones se hagan este mes, indicó Patrick Crimmins, portavoz de la agencia texana. Si se cumplen los estándares, el estado concedería licencias provisionales de seis meses.
Sin embargo, los defensores de los migrantes lo ven insuficiente.
El estado introdujo el mes pasado de urgencia un cambio en las normas para permitir que las instalaciones se conviertan en "centros residenciales de familias", una nueva categoría. Los activistas señalan que esa maniobra permitirá a los centros funcionar con numerosas excepciones a los protocolos habituales, como permitir que haya más de cuatro personas por habitación, que los adultos puedan compartir dormitorios con niños y permitir el alojamiento de niños y niñas juntos.
"Para dar licencias a las instalaciones de detención de familias tienes que bajar los estándares mínimos", dijo Cristina Parker, coordinadora sobre migración para la agrupación de Austin Grassroots Leadership. "Estas son instalaciones que desde el principio no fomentan el bienestar de los niños".
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Grupos activistas abogados y profesores firmaron una misiva enviada este mes a la agencia estatal y al gobernador, el republicano Greg Abbott, pidiendo que no se otorguen las licencias. Además, Grassroots Leadership presentó una demanda contra la agencia estatal alegando que se había saltado el proceso habitual para cambiar las normas al impedir un periodo para que el público hiciera comentarios.
La oficina del fiscal general de Texas, que representa a la agencia en la demanda, señaló que no hacía comentarios sobre demandas pendientes, indicó una portavoz.
Los centros de detención están supervisados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y gestionados por empresas privadas de prisiones, que han solicitado las licencias. Según una solicitud presentada por Corrections Corporation of America, el centro de 2,000 campas en Dilley ofrecería servicios de atención a menores que podría incluir la gestión de niños que supongan un peligro para sí mismos o para otros y la retención física de los menores. La solicitud presentada por el Geo Group, contratista de un centro de 500 campas en Karnes City, sólo pidió servicios de atención a menores.
El ICE no respondió a preguntas sobre el proceso y se remitió a un comunicado del mes pasado del secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, en el que afirmaba que la agencia federal tomaba medidas para cumplir la orden de la juez. Johnson señaló además que la detención familiar "se está volviendo de corto plazo" y que la agencia "hará mejoras adicionales cuando sea apropiado".
Los abogados de derechos de los migrantes describen la atención que reciben los niños detenidos como desesperadamente inadecuada, según documentos judiciales de los últimos meses.
Las quejas sobre el centro de Karnes incluyen mala atención médica y reportes de madres e hijos retenidos en aislamiento médico como castigo.
Pablo Paez, portavoz de The GEO Group, afirmó que las instalaciones de Karnes ofrecen atención de gran calidad, y tachó las acusaciones de lo contrario de "infundadas y no corroboradas".
Los documentos judiciales sobre el centro de Dilley enumeran enfermedades no tratadas o no diagnosticadas que implicaron la hospitalización de niños, falta de medicamentos, dosis erróneas de vacunas y largas esperas. Corrections Corporation of America no hizo comentarios sobre las acusaciones contra el proceso de licencia y se remitió al comunicado del Departamento de Defensa.
Las inspecciones implicarán extraer una muestra aleatoria de expedientes de menores para determinar si se cumplen los estándares mínimos de médicos y dentales.
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