Nevada no puede hacer cumplir decisión de votantes durante elecciones

La venta de compra-venta de armas debería tener una revisión de antecedentes.

Una iniciativa de revisión de antecedentes de compradores de armas que los votantes de Nevada aprobaron hace casi dos años fue fatalmente defectuosa y no se puede hacer cumplir, según dictaminó un juez de un tribunal estatal.

Los defensores deberían haber sabido que la medida "dependería de la aprobación del FBI" para que la agencia federal se encargue de las verificaciones de antecedentes penales durante las ventas privadas de armas de fuego, dijo el juez Joe Hardy Jr., de la Corte de Distrito del Condado Clark.

El FBI rechazó las solicitudes del gobernador Brian Sandoval para implementar la ley, dijo Hardy en su fallo del lunes, "no hay un lenguaje en el acto que obligue al gobernador a emprender ninguna acción para implementar o hacer cumplir el acto", agregó.

No quedó inmediatamente claro si los demandantes apelarían la decisión de Hardy ante la Corte Suprema del estado. El abogado Mark Ferrario, que discutió el caso ante Hardy, no respondió de inmediato a los mensajes.

Sandoval y el Procurador General del estado, Adam Laxalt, ambos republicanos, se opusieron a la iniciativa en 2016, sin embargo, pasó a nivel estatal por un estrecho margen de 1 por ciento. Los patrocinadores dijeron que la medida cerraría lo que llaman un vacío legal que les permite a los compradores de armas saltarse las evaluaciones de antecedentes cuando compran a otra persona o en línea.

Hardy, quien fue nombrado por Sandoval para la banca estatal en 2015, dejó en claro durante las audiencias judiciales que no se sentía cómodo al pedirle que decidiera qué debía hacer el gobernador para promulgar una ley que, de acuerdo con el fiscal general, era inaplicable.

Los abogados estatales argumentaron que la ley imposiblemente requería que el gobernador hiciera que el FBI gastara recursos federales para hacer cumplir una ley estatal. Una portavoz de Sandoval dijo el martes que el fallo hablaba por sí mismo.

Laxalt emitió un comunicado elogiando lo que llamó la "cuidadosa decisión" de Hardy y acusó a los patrocinadores de la medida de usar su "quebrantamiento" para atacarlo políticamente. La demanda para hacer cumplir la iniciativa fue presentada días después de que 58 personas murieran el 1 de octubre en el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos en el Strip de Las Vegas.

Los defensores de la iniciativa de Nevada admitieron que esta medida no habría impedido que el pistolero de Las Vegas obtuviera legalmente las armas de estilo de asalto que utilizó, pero dijeron que podría ayudar a mantener las armas fuera de las manos de las personas que no deberían tenerlas al aumentar el número de compradores necesarios para someterse a controles de antecedentes.

Nevada es uno de los 12 estados que procesa los antecedentes penales para la venta de armas en sí, de acuerdo con el Buró Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Sandoval sostuvo que los chequeos estatales son más exhaustivos que los chequeos federales porque incluyen registros de antecedentes penales y de salud mental del comprador, relacionados con la violencia doméstica, delitos menores, informes de arrestos y órdenes de alejamiento.

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