Pena capital: juez revisará caso de salvadoreño

Un juez federal ordenó llevar a cabo una audiencia horas antes de la hora en que está programada la ejecución de un asesino múltiple en Virginia para analizar una objeción al uso de fármacos que empleará el estado en la inyección letal, los cuales obtuvo de Texas.

El juez federal de distrito Anthony Trenga estableció la audiencia para las 2 p.m. del jueves después de que abogados de Alfredo Prieto solicitaron a la corte el aplazamiento de la ejecución hasta que las autoridades revelen más información sobre el pentobarbital que planean usar, incluso el nombre del proveedor, las pruebas que confirmen su esterilidad y potencia, y documentos que demuestren que los fármacos fueron manejados, transportados y almacenados de manera adecuada.

El estado programó la ejecución de Prieto para las 9 p.m. del jueves. El ciudadano salvadoreño era un reo del pabellón de los condenados a muerte en California por violar y asesinar a una niña de 15 años cuando pruebas de ADN lo implicaron también en el asesinato en 1988 de una pareja joven en Virginia.

Las autoridades dicen que se le ha vinculado a varios asesinatos más en ambos estados pero nunca fue acusado porque ya había sido sentenciado a muerte.

El juez otorgó el miércoles una orden de aplazamiento temporal contra el estado, pero la ejecución aún podría ocurrir la noche del jueves si la orden es retirada después de la audiencia, dijo Megan McCracken, de la Clínica de Pena de Muerte de la Escuela de Derecho de U.C. Berkeley, una experta en impugnaciones a las inyecciones letales.

Texas permite que las autoridades correccionales oculten la procedencia de las drogas para las ejecuciones y los abogados del condenado dijeron que las autoridades de Virginia no han suministrado dicha información.

The Associated Press presentó una solicitud pública de los nombres de los fabricantes y los abastecedores de las drogas, pero los documentos indican solamente que fueron suministradas por el Departamento de Justicia Penal de Texas.

El vocero de las prisiones de Texas, Jason Clark, dijo a la AP la semana pasada que los tres frascos de pentobarbital entregados a Virginia fueron adquiridos legalmente a un complejo farmacéutico que no quiso nombrar. Virginia sustituirá el pentobarbital por el midazolam que se proponía usar porque su suministro de ese sedante expira el miércoles.

Los abogados de Prieto, Rob Lee y Elizabeth Peiffer, dijeron que la falta de información sobre las drogas pone al estado en riesgo de llevar a cabo una ejecución cruel y dolorosa.

Se ignora si Virginia o Texas "conocen alguna información pertinente sobre el complejo farmacéutico, incluso su capacidad para producir una droga inyectable estéril, sus antecedentes con relación a drogas falladas e incidentes adversos, o incluso la fuente de los ingredientes en bruto que usa", dijeron en una declaración. Si Virginia posee esta información "la mantiene en secreto. Esta falta de transparencia impide a los tribunales evaluar la constitucionalidad del procedimiento de ejecución".

Una portavoz del Departamento Correccional de Virginia no respondió inmediatamente un pedido de declaraciones el miércoles.

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